Buscando una reforma ética de salud

Preocupaciones justas y prudentes

En tercer lugar, en la categoría del juicio prudente, la Iglesia Católica no enseña que el gobierno deba proporcionar directamente la atención médica. A menos que el juicio prudente como en la defensa nacional, en la que la monopolización del gobierno es objetivamente buena –limitando la violencia sobre todos y previniendo los excesos obvios que pueden afectar a los ejércitos privados– la atención médica no debe estar sujeta a la monopolización federal. Preservar la opción de los pacientes (a través de un sector privado floreciente) es la única manera de prevenir el monopolio de la atención médica y que ésta se niegue arbitrariamente, como hemos aprendido en el pasado reciente con las HMOs.

Si bien el monopolio del gobierno no está motivado por el lucro, sí lo está por los estándares burocráticos como las cuotas que son definidas como los “mejores procedimientos” que están igualmente bajo la influencia de la mayoría de los ciudadanos. El rol adecuado del gobierno es regular el sector privado para alentar la sana competencia y prevenir los excesos. Entonces, cualquier legislación que mine la viabilidad del sector privado es sospechosa. Los hospitales privados y religiosos, las casas de retiro, deben ser protegidos de manera especial, porque éstos son los lugares que de manera más vigorosa ofrecen atención médica a los más pobres entre los pobres.

La mejor manera en la práctica, para generar este equilibrio entre los roles de los sectores público y privado, es difundir los riesgos y costos de la atención médica en la mayor cantidad de gente posible. Este es el principio que está en la base de los impuestos deMedicaid y Medicare, por ejemplo. Pero este principio asume que el grupo de trabajadores que pagan estos impuestos es suficientemente amplio, comparado a aquel que obtiene los beneficios, para que sean razonablemente baratos y justos.

¡Esta suposición es la base de las suposiciones pro-vida! De hecho, teníamos una cultura de vida cuando tales programas comenzaron. Sólo si fomentamos una cultura de vida podremos entonces perpetuar la justicia económica en la que los trabajadores pueden pagar por la atención médica de los pobres. Sin una población joven creciente, nuestra cada vez más grande población de jubilados sobrepasa nuestros sistemas de distribución. En una cultura de muerte como la que tenemos ahora, los impuestos para redistribuir los costos de la atención médica se convierten en injustos e insostenibles.

La obligación moral de proporcionar atención médica

En cuarto lugar, la atención preventiva es una obligación moral del individuo hacia Dios y hacia su familia, sus seres queridos; y no un derecho que sea exigido por la sociedad. El don de la vida sólo viene de Dios y atentar contra este don maltratando nuestra propia salud es moralmente malo. La atención preventiva más efectiva para la mayor cantidad de gente es esencialmente gratuita: una buena dieta, ejercicio moderado y suficientes horas de sueño. Pero el cuidado prenatal y natal son ejemplos de atención preventiva que requiere pericia médica, y por ello tienen un costo, y este tipo de atención debe estar disponible para todos en el rango más amplio posible.

Dentro de estos límites, la Iglesia ha defendido durante décadas que la atención médica se haga accesible para todos, especialmente para los pobres. ¿Las propuestas de la actual reforma de salud lograrán estos objetivos?

El actual proyecto de ley, el HR 3200, no responde al primer ni al cuarto estándar. Como el Cardenal Justin Rigali ha escrito para el Secretariado de las Actividades Pro-vida del Episcopado de Estados Unidos (USCCB), esta propuesta evita la enmienda Hyde (que prohíbe que fondos federales sean usados para pagar abortos) dirigiendo el dinero de nuevas fuentes no precisadas por la mencionada enmienda; y por la manipulación creativa que desde la contabilidad se hace con los fondos que sí cubre la enmienda. También proporciona una “opción de seguro público” sin límites adecuados, para que, especialmente los pequeños empleadores, tengan un incentivo financiero para hacer que sus empleados estén bajo el régimen de la seguridad pública.

Esto hará que efectivamente los empleados no puedan elegir los planes de seguro privados y que la clase trabajadora sea cargada con impuestos adicionales para cubrir estos derechos ineficientes e inmorales. Como tengo entendido, la ley del Senado, HELP, es mejor que la de la Cámara de Representantes. Subsidia la atención a los pobres, en vez de generar la tendencia a monopolizarla. Pero precisa el límite de cuatro veces el nivel de pobreza federal para la opción de la seguridad pública, que incluye todavía a más de la mitad de los trabajadores. Esto incidiría en la vitalidad del sector privado. Sin embargo, tampoco cubre el primer estándar en el que explícitamente se debe excluir la cobertura obligatoria del aborto.

Los aliento a todos a hacer que se oiga su voz ante los representantes del Congreso. Díganles que ellos necesitan escucharlos: la falta de reforma de salud es mejor que la mala reforma de salud. Insistan en que ellos no permitirían ser colocados en las propuestas para la atención médica que son muy caras y abortistas. Insístanles en su apoyo para las propuestas que respeten la vida y la dignidad de toda persona humana, especialmente el no nacido. Y por encima de todo, recen por ellos y por nuestro país.